I
El suizo Philippe Perrenoud era
uno de los escasos autores que lograban hurtarse del dominante tono apologético
y propagandístico en los materiales de apoyo de la especialidad PROFORDEMS
(para la capacitación de docentes de nivel bachillerato en el modelo educativo
por competencias) que a mí como a miles de maestros me tocó cursar hace cosa de
tres años. En medio de un alud de
textos donde se tendía a privilegiar la entonación paternalista y la actitud de
proselitismo festivo, reconfortaba hallar cada tanto materiales como los suyos,
donde no te escatimaban ni te excusaban el papel que como profesor te
corresponde: el de un profesional adulto con capacidad crítica, desdeñando el
de pasivo adepto en espera de conversión.
Uno
de dichos materiales (Diez
nuevas competencias para enseñar) aborda, entre otros varios temas, la
amplitud de perspectivas con que debe contemplarse la incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso de
enseñanza-aprendizaje. A partir de los planteamientos ahí vertidos, pueden
perfilarse tres rubros o perfiles, con una amplia gama de matices intermedios.
Por un lado, estarían las TIC como medios útiles para la adquisición de
competencias no remitidas a ellas (el uso de un blog para el estudio del
Imperio Romano, por ejemplo); por otro, las TIC como competencias en sí mismas
(conocer el funcionamiento y uso genéricos de una plataforma digital,
independientemente de los estudios que en ella vayan a cursarse); por último,
la variante que acaso quepa identificar como más esencial, emblemática y poco
advertida de este enfoque formativo: las TIC como pretexto para la adquisición
de competencias y logros de objetivos que no es necesario enunciar de manera
explícita, que el educando puede adquirir sin conciencia clara de estarlas
adquiriendo, y cuya revelación consiente ser verticalmente dosificada y
dirigida desde las instancias de control superior.
Si antaño el fin justificaba
los medios, y ayer el medio era el mensaje, hoy los medios están ahí para garantizar
la administración discrecional de mensajes y fines. Reflexión que puede y debe
abordarse más allá del ámbito de las TIC, para abarcar todos y cada uno de los
medios y estrategias implementados en la reforma del sistema educativo nacional
durante los últimos años.
¿En qué consiste el “éxito”, oficialmente
celebrado con bombo y platillo, lo mismo a nivel estatal que federal, de la
jornada de evaluación para docentes llevada a cabo en Michoacán durante el
pasado fin de semana? ¿Cuál es el fin y cuál el mensaje enmascarados tras este
medio denominado “evaluación”? ¿Qué es lo que en realidad se está evaluando? Porque
pareciera que la idoneidad o no de los docentes para desempeñar la tarea que
les ha sido encomendada, es en este caso lo último que interesa. Menos de dos
mil profesores de una población aproximada de sesenta mil (contabilizando sólo
las escuelas públicas entre nivel básico y medio superior), examinándose en un
modelo educativo cuya caducidad y remoción inminente era anunciada a esas
mismas horas por el Secretario de Educación Pública en la Ciudad de México.
Fuera del segundo rubro contemplado
(Examen de Conocimientos Disciplinares), mismo que arrojará resultados útiles
para cualquiera que sea el modelo por venir, el resto del proceso de evaluación
docente (Presentación de Evidencias, Examen de Casos para Competencias
Didácticas, Planeación Argumentada) está concentrado en verificar la intachable
conversión de los profesores a la verdad revelada del modelo por competencias.
Si, como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, aquellos que no aprueben el
proceso recibirán durante los meses venideros capacitaciones a fin de atender
sus “áreas de oportunidad” (eufemismo empresarial para disimular lo que antes
se denominaba carencias), ¿significa que recibirán capacitación en el modelo
evaluado, aun cuando a partir del siguiente ciclo escolar éste comience a ser
sustituido por “un nuevo modelo de educación básica, con nuevos planes y
programas de estudio”, de acuerdo con declaraciones hechas por Aurelio Nuño,
titular de la SEP, el pasado domingo?
Nos equivocaríamos al suponer
que estamos sin más ante un equívoco cantinflesco o un absurdo kafkiano, de
esos en que la vida pública nacional suele parecer pródiga, pero tras los
cuales tienden a escatimarse sistemáticamente las reales intencionalidades e
implicaciones de cuanto sucede.
El ocultamiento y la
discrecionalidad siguen constituyendo normas omnipotentes para el ejercicio del
poder en nuestro país, aun cuando la resultante sea una panorámica de desfachatado
cinismo, prepotencia generalizada y vergonzante descaro. Con idealismo que la
realidad material de nuestras sociedades y sistemas educativos se ha encargado
sobradamente de refutar, Perrenoud advierte en Diez nuevas competencias…:
¡Que
los que quieran formar a los profesores en TIC para que a su vez «inicien» a
sus alumnos no avancen a escondidas! Este objetivo no es ilegítimo, pero
resulta peligroso: con la excusa de ampliar los medios, se implica
implícitamente los propósitos de la escuela. Si la apropiación de una cultura
informática debiera ser considerada como un objetivo de pleno derecho de la escolaridad
básica, mejor sería justificar esta proposición y debatirla abiertamente…
“Con la excusa de ampliar los
medios, se implica implícitamente los propósitos de la escuela”. Es decir, los
medios no son inocentes jamás.
Si de algo careció desde el
primer momento la reforma educativa en nuestro país fue justo de un debate
abierto. Dejemos por un instante de lado las implicaciones laborales, decisivas
en su implantación, y aboquémonos a la arena de la discusión pedagógica. El
modelo por competencias fue proclamado como la más vanguardista y perfecta
opción educativa a nivel mundial, y sus detractores quedaron caracterizados en
automático como víctimas de la desinformación y la ignorancia, cuando no como perversos
agentes de las más retrógradas inercias y las más populistas taras. La opción
del disentimiento fundamentado y crítico quedó inhabilitada por principio.
En otro de sus textos (El proceso didáctico como proceso de comunicación)
Perrenoud insiste en la importancia de que, antes de lanzarse a la implementación de un sistema
orientado hacia el desarrollo de competencias, se precise la definición puntual
de una idea de educación, una idea de sociedad, una idea de país.
En
México, los señalamientos críticos hechos a la reforma educativa en función de
sus orientaciones ideológicas y políticas, fueron desde que se postuló (y siguen
siéndolo todavía) sistemáticamente atajados con el argumento de una supuesta (a
todas luces imposible) neutralidad. Como iniciativa de gobiernos concretos, guiados
según directrices históricas claras, obedecen a una orientación bien precisa de
rumbo para los asuntos públicos de México. En nuestro país, la adopción del modelo
por competencias no constituyó nunca un enfoque “neutro”, del
cual cada quien podía aprovechar determinadas “bondades” según su particular
enfoque y juicio. Omitiendo toda discusión sobre el tipo de sociedad y espacio
público a construir (discusión imprescindible antes de definir las competencias
que buscan desarrollarse), el rumbo se dio por sentado de antemano. El
resultado es que los fines institucionales, las competencias genéricas y las
divisiones disciplinares establecidas obedecen a una visión claramente
condicionada: la del neoliberalismo más recalcitrante.
El argumento de que cuanto se
pretende es propiciar una educación de calidad, omite el hecho de que en materia
de espacio público la calidad no constituye un valor en sí mismo, y debe remitirse
a los contenidos, las funciones y los fines que
a su amparo pretenden ser legitimados.
II
¿Quiénes eran realmente los que
estaban siendo evaluados el pasado fin de semana en Michoacán? ¿Cuáles eran las
competencias que se pretendía ver adquiridas? ¿Qué tipo de evaluación
diagnóstica y qué tipo de planeación argumentada estaba realmente ensayando en
nuestra entidad el gobierno federal, por encima de la aplicada en concreto a
los profesores que concurrimos a la correspondiente convocatoria?
Por un lado, no cabe duda que estaba
siendo evaluada la incondicional obediencia del penúltimo bastión perredista
del país, ante las directrices establecidas por la definitiva puesta en marcha
de las reformas estructurales que han venido habilitándose durante los últimos
sexenios, y frente a las cuales el PRD naciera en su momento como impulso de una
alternativa divergente.
Por otro, estaba siendo
evaluada la funcionalidad del operativo logístico-policiaco para aquellas entidades
identificadas como focos rojos en función de la fortaleza que en ellas ha
mostrado históricamente el sindicalismo magisterial disidente. Para nadie resultó
nunca un secreto que la mayor resistencia a la reforma educativa en general y a
la evaluación docente en específico (antes de la inesperada reacción del
magisterio veracruzano) iba a presentarse en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y
Chiapas; y que entre esas cuatro entidades la que, por diversas razones,
presentaba un escenario más manejable y menos virulento, era precisamente
Michoacán. La celebrada “experiencia de
éxito” de la evaluación docente michoacana, constituyó apenas un primer ensayo
integral, y ahora enfrentará el reto real para el que fue diseñada, frente a secciones
sindicales infinitamente menos desarticuladas, menos corrompibles y menos dúctiles.
Porque otra de las cosas que con
toda claridad estaba siendo evaluada, era el grado de debilitamiento y
descomposición de la disidencia magisterial michoacana, fruto no sólo de las
prácticas clientelares, la acumulación inescrupulosa de prebendas, los usos cupulares
y los abusos corporativos que los diversos niveles gubernamentales procuran
esgrimir como exclusivo y virtuoso motor de su reforma educativa, y que en
efecto constituyen el insoslayable saldo negro de nuestro envilecido
sindicalismo; sino también —bajo patrocinio de esos mismos niveles gubernamentales—
como consecuencia de la cooptación, la guerra
sucia, el acoso institucional, la retención de recursos, el linchamiento
mediático y la sistemática instrumentación de medidas que atentan contra el más
elemental derecho laboral y la legítima organización de los trabajadores.
Cuando Aurelio Nuño declara que la reforma derriba las barreras de un sistema
caracterizado por relaciones corporativas que premiaban el clientelismo
político, buen cuidado tiene de omitir toda alusión a las nuevas barreras, las
nuevas relaciones corporativas y el nuevo clientelismo empresarial que a través
de ella se prohija.
Pero quizá el propósito educativo
central, la competencia adquirida más apreciada tras la primera etapa de la
evaluación docente en Michoacán, sea la incorporación de la normatividad,
logística, infraestructura y fisonomía policiacas como componente natural de los
trámites institucionales y del discurrir cotidiano. La columna “Punto de vista”,
aparecida sin firma en la edición del pasado lunes de La Jornada Michoacán (franquicia local que desde su creación ha
usufructuado a partes iguales, sin el menor escrúpulo, el prestigio
contestatario de la marca que la apadrina y el servilismo editorial ante la
institucionalidad estatal de cuyo financiamiento depende) celebraba el “palmo
de narices” de quienes pronosticaban la militarización de Morelia (como si ésta
no se hubiera implantado con lógica de intensidad progresiva desde el sexenio
de Felipe Calderón), aseverando que la
presencia policiaca se desplegó “sin atentar ni inhibir la movilidad ciudadana y
la convivencia social”.
La excedencia de elementos
policiacos y militares en las calles de cualquier ciudad, así se trate de la
fuerza pública más confiable y apreciada por la población civil, es en sí misma
intimidatoria e inhibe por ese sólo hecho la vida cotidiana de la ciudadanía. Ni
qué decir del matiz que adquiere cuando se traduce en el creciente despliegue de
efectivos cada vez más espectacular y amenazadoramente pertrechados, adscritos a
un sistema de seguridad sobre el que (sólo en fechas recientes y a manera de
botón de muestra) penden con elementos de sospecha más que justificados nombres
como Ostula, Tlatlaya o Ayotzinapa.
El anónimo redactor de “Punto
de vista” acaso experimentará un deleite estético para el que la mayoría de los
morelianos nos hayamos todavía incapacitados, al admirar desde los portales el tranquilizador
perfil de una tanqueta recortado contra el fondo de la Catedral, o al
contemplar la acechanza de los vehículos antimotines en las inmediaciones de la
Avenida Madero cada vez que hay una manifestación programada. Seguro le pareció
divertido el modo en que un empleado de Televisa ordenó orillarse a las decenas
de uniformados que colmaban la calle el día que se transmitió (con onerosa
carga al erario público) el programa “Hoy” desde la Plaza de Armas, a fin de
que en la toma el paisaje urbano se apreciara despejado y apacible. Y seguro
habría sonreído con patria satisfacción o ecuánime naturalidad el domingo, tras
advertir que para “proteger” a los maestros durante la evaluación docente se
habían apostado granaderos incluso al interior de los sanitarios.
Ironías aparte, el hecho es que
se trata apenas de un pequeño botón de muestra, en mitad de una abierta cargada
propagandística que incluye a la mayor porción de los medios informativos, de
las organizaciones partidarias, de los representantes de la iniciativa privada
y de flamantes funcionarios hace apenas unas semanas irreductiblemente críticos
ante el reformismo peñista.
La militarización y el estado
de emergencia, así en Morelia como en París, siempre podrá cargarse a la cuenta
de “los otros”, cualesquiera que estos sean, más amenazantes y funcionalizables
cuanto más difusos. Que la autoridad incurra en medidas indeseables quedará
tácitamente justificado bajo los argumentos de que no se le dejó otra salida,
de que ante lo desconocido ningún coste resulta caro y de que en estos tiempos ninguna
precaución es poca.
El viernes pasado, cuando ya
todos los profesores contemplados para la evaluación habíamos sido notificados de
que el examen daría inicio el domingo a las 8:00 a.m. y debíamos presentarnos
con una hora de antelación, comenzaron a circular correos electrónicos donde la
SEE nos emplazaba para acudir desde las 5:00 a.m. a diversos puntos de reunión
de la ciudad, donde se dispondría de “transporte seguro, debidamente
resguardado” y en el que se cuidaría “la privacidad de los pasajeros, para trasladarlos a la sede de evaluación”. Alarmismo amedrentador que siempre cabrá disculpar a
posteriori como diligente exceso de buena fe, provocado por la impredecible
amenaza de “los otros”.
Legitimar la omnipresencia
intimidatoria de la fuerza pública como norma del día a día, bajo excusa de que
no se ha dejado otro remedio a las apenada pero decidida autoridad —misma que
hará cuanto sea necesario para garantizar nuestro bien, incluso (o sobre todo)
cuando no estemos capacitados para distinguirlo como nuestro bien—, constituye
el eje rector y la espuria coartada de cuantos órdenes han decidido quitarse la
careta para asumir, fuera de todo disimulo, un franco carácter autoritario.
